La situación de los niños haitianos que ingresaron a Chile en medio de procesos migratorios poco claros y cuyo paradero hoy no está del todo establecido, abre una herida profunda en la conciencia nacional.
Más allá de cifras o trámites administrativos, aquí hablamos de menores de edad, seres humanos vulnerables, que debieron haber estado bajo la más estricta protección del Estado.
Resulta imposible no preguntarse cómo se permitió un ingreso de tal magnitud sin garantizar seguimiento, protección efectiva y condiciones mínimas de resguardo.
Chile, país que históricamente ha defendido los derechos humanos y la protección de la infancia, no puede quedar indiferente frente a un episodio que hoy genera más preguntas que respuestas.
La desaparición o falta de trazabilidad de estos niños no solo es un problema administrativo; es un fracaso moral y social. Cada menor cuyo destino es incierto representa una señal de alerta sobre las falencias del sistema migratorio, de protección de la niñez y de coordinación institucional.
Es legítimo que surja la indignación ciudadana y que muchos consideren este hecho como una vergüenza nacional, no por la llegada de familias migrantes —que buscan mejores oportunidades y merecen dignidad—, sino por la improvisación, la falta de control y la ausencia de responsabilidad estatal para resguardar a quienes más lo necesitan.
La verdad debe conocerse. El país tiene la obligación ética y legal de esclarecer qué ocurrió, dónde están esos niños y quiénes deben responder por esta grave omisión. Porque cuando un Estado pierde de vista a sus niños, pierde también parte de su humanidad.
