La denominada “deuda histórica” que afecta a los profesores de nuestro país no es un mito; tampoco el desvarío de alguna mente enferma desplazada en el tiempo con el propósito de generar conflictos, y mucho menos expresión de alguien que ha extraviado su conexión con la realidad histórica y social.
La mencionada deuda es un hecho concreto, palpable, visible y personalizado en miles de rostros que aún esperan que se haga justicia para ellos por parte de alguna autoridad acicateada por un mínimo de empatía con los profesionales de la enseñanza.
Desde luego, quede claro que los padres, los ideólogos, los decisores y autores materiales de las acciones que condujeron a la generación de la tal “deuda histórica”, no fueron otros que los alcaldes designados por el régimen cívico-militar que por aquellos años conducía con mano de hierro los destinos del país, mismos que hasta ahora jamás han dicho esta boca es mía.
La referida “deuda histórica” que se tiene con los profesores surge como consecuencia de la interrupción a perpetuidad para estos, en 1981, del reajuste de remuneraciones del 90% otorgado a los trabajadores del sector público por medio del Decreto 3.551 –incluidas las fuerzas armadas y de orden– a inicios de los ochenta, aduciéndose que por tratarse, el suyo, de un servicio traspasado a las municipalidades, perdían la calidad de funcionarios públicos, resultando incompatible, por lo tanto, el pago del señalado beneficio, con los efectos por todos conocidos.
A ello se suma, por otra parte, el daño previsional provocado sin miramientos a nuestros docentes (ello, a causa de cotizaciones previsionales por menos de la mitad del sueldo base y en función de lo cual nada se podía hacer, dadas las condiciones políticas imperantes, so pena de ser despedido o acusado de conflictivo con sus consiguientes consecuencias), que vino a redundar en la tenencia actual de pensiones paupérrimas por parte que están, en muchísimos casos, por debajo del sueldo mínimo, más un poder adquisitivo en moneda actual para los profesores activos equivalente a ingresos mensuales propios de los años setenta, según algunos estudios recientes realizados por especialistas del ámbito acá en Chile. Simplemente impresentable y vergonzoso.
Desde el inicio de esta “vergüenza histórica”, de esta afrenta a los docentes (con miles de esperanzados profesores fallecidos en el camino, por desgracia), se han ido 38 años de sus vidas a la fecha; un segmento de tiempo más que significativo (más de un cuarto de siglo, al cabo) desde que las autoridades políticas y edilicias decidieran arrebatarles parte de sus remuneraciones –el 75 % del reajuste otorgado a los funcionarios públicos sin excepción por medio del mencionado Decreto 3.551, para ser exactos– sin más explicación que la del eufemismo aquel de ser parte de un servicio traspasado a las municipalidades.
Tres décadas y tanto yendo de puerta en puerta sin obtener ni respuestas ni soluciones que pudieran haber puesto fin a este acto de usurpación de la que fueron objeto por aquel entonces, no obstante que los Tribunales de Justicia con sus fallos, el Congreso Nacional con sus trabajos de comisiones, el Ministerio de Educación con el catastro ordenado por la ex presidenta Michelle Bachelet en su momento, y algunos organismos internacionales como la OIT, atendidos los convenios internacionales firmados con la misma, dieron fe de su existencia.
El tema es que, por mucho que se la ignore y por mucho que se la niegue, la deuda histórica sí existe.
