Por unanimidad, el Senado aprobó el proyecto de Reparación de la Deuda Histórica a los Profesores y Profesoras.
Este hito no solo resuelve parcialmente una deuda largamente postergada, sino que también, marca un precedente en el reconocimiento de las injusticias del pasado hacia quienes han formado generaciones en nuestro país.
La deuda histórica, que afectó a más de 57 mil docentes de escuelas públicas desde la dictadura, no es solo una cuestión económica, sino una herida abierta que ha trascendido generaciones.
Durante 43 años, las profesoras y profesores afectados lucharon por este reconocimiento, una causa que, en palabras de representantes del gremio docente, ha sido colectiva y persistente.
Lo destacable de esta aprobación no radica únicamente en el acto legislativo, sino en el simbolismo que conlleva: el Estado de Chile asume, aunque de manera modesta, su responsabilidad por el daño causado. No es casual que las palabras más repetidas tras esta votación hayan sido «justicia» y «reparación».
Aunque el monto aprobado pueda parecer insuficiente para compensar décadas de perjuicio salarial, el reconocimiento oficial tiene un valor incalculable para quienes cargaron con esta injusticia por tantos años.
Otro aspecto digno de resaltar es el apoyo transversal que este proyecto recibió en el Congreso. En tiempos donde la polarización política parece ser la norma, esta votación unánime demuestra que, con voluntad, es posible alcanzar consensos en temas de alto impacto social.
Es un recordatorio de que, incluso desde perspectivas ideológicas diferentes, el diálogo puede dar frutos en beneficio del país.
La emoción de los profesores presentes en la sala del senado y que pudimos apreciar desde el Canal de TV del senado, es comprensible: más allá del beneficio material, este logro valida años de lucha y resistencia.
Reconocer un daño del pasado no borra el sufrimiento vivido, pero representa un avance en el proceso de sanar heridas que, como bien se dijo, dolieron no solo a quienes las sufrieron directamente, sino también a sus familias, especialmente familias de aquellos docentes que ya partieron por la ruta eterna.
Este «pedacito de justicia» es un triunfo para los docentes y un llamado de atención para que el Estado no vuelva, nunca más, a abandonar a quienes sostienen el sistema educativo con su esfuerzo.
Aún queda camino por recorrer, pero esta votación marca un antes y un después en la relación entre el país y sus docentes.